Rubalcaba solicitó a Hernando a finales de octubre el apoyo del Supremo al «proceso»

Rubalcaba solicitó a Hernando a finales de octubre el apoyo del Supremo al «proceso»

NIEVES COLLI

MADRID. La última semana de octubre de 2006 -unos días después de que el Tribunal Supremo abriera la puerta a la liquidación del patrimonio de las «herriko tabernas» por su presunta conexión con el de Batasuna-, el presidente del Tribunal Supremo y el ministro del Interior mantuvieron un encuentro en el que Alfredo Pérez Rubalcaba sugirió a Francisco Hernando la conveniencia de dejar temporalmente en suspenso el proceso de ejecución de la sentencia de ilegalización de la formación abertzale.

El encuentro fue una comida que ambos mantuvieron, según han confirmado a ABC fuentes gubernamentales y jurídicas, a iniciativa del ministro. Rubalcaba quería informar al presidente del Tribunal Supremo sobre la marcha del «proceso de paz» y aprovechó la ocasión para trasladar a Hernando su preocupación por el efecto que resoluciones como la que se refería a la liquidación del patrimonio de las «herriko tabernas» podían tener en ese momento en las negociaciones con ETA.

El «proceso» ya estaba tocado

El ministro no ocultó al presidente del alto Tribunal que el «proceso» estaba tocado y que atravesaba un momento tan delicado como decisivo. Por ello, era mejor evitar cualquier tipo de «interferencia» que «molestara» a la banda criminal.

Las fuentes gubernamentales antes citadas aseguran que en ningún momento el ministro pidió a Hernando que el Supremo rectificara su posición -más bien al contrario, elogió su labor- y que se limitó a reclamar «tiempo». Es decir, le planteó que en la medida de lo posible retrasara sus resoluciones sobre la liquidación de los bienes de Batasuna.

En esas fechas -última semana de octubre del pasado año- la situación en la que se encontraba el «proceso de paz» era, cuando menos, difícil. La «kale borroka» seguía intensificando sus ataques y ETA robaba pistolas en una armería próxima a Nimes (Francia) en una demostración de fuerza acorde con el tono cada vez más duro de sus comunicados. El último hasta en ese momento, hecho público el 18 de agosto, ya contenía una clara amenaza: «Si continúan los ataques contra Euskal Herria, ETA responderá».

Amenazas de ETA

El 21 de octubre, justo dos meses y tres días después de ese quinto comunicado, tuvo lugar un hecho muy significativo: en el monte de Oyarzun, tres encapuchados protagonizaron un «acto» durante el cual abogaron por «seguir luchando firmemente, con las armas en la mano, hasta conseguir la independencia de Eurkal Herria». Concluida la lectura de un texto, el mensaje más claro lo constituyeron los siete tiros al aire lanzados por los terroristas. Bastarían dos meses y medio más para que ETA atentara en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas y cumpliera sus amenazas con lo único que sabe hacer: matar y destruir.

En esos mismos días, en concreto el 23 de octubre, se produjo otro hecho relevante: el Tribunal Supremo daba una nueva vuelta de tuerca al entorno etarra al dictar una resolución que abría el camino a la liquidación de los bienes de las «herriko tabernas» al considerar que forman parte del patrimonio de la ilegalizada Batasuna.

El mensaje del alto Tribunal -en concreto de los dieciséis magistrados de su «Sala del 61», por unanimidad- parecía claro: en nombre del «proceso» no se puede dejar de aplicar la ley ni, como había sugerido el fiscal general del Estado, adaptar las resoluciones judiciales a esa «nueva realidad social». Y, en este caso, lo que aplicaba el Supremo era la Ley de Partidos Políticos, según la cual, tras la ilegalización y disolución de una formación (Batasuna), debe comenzar el proceso de liquidación de sus bienes, que habrán de destinarse a «actividades de interés social o humanitario».

El inventario de bienes de las «herriko tabernas» -locales que constituyen una de las tradicionales fuentes de ingresos de Batasuna y, presuntamente, de ETA- como medida cautelar ante su posible liquidación supuso abrir una vía mediante la cual se podía volver a estrangular económicamente al entramado político de la banda, una de las «patas» de la negociación.

Sobre estos establecimientos gira también la investigación penal que dirige el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, con la que se pretende averiguar si las ganancias recaudadas por las «herrikos» eran entregadas a ETA por Batasuna. En ese procedimiento está imputado y en libertad bajo fianza, entre otros, Arnaldo Otegi. Asimismo, en fechas recientes la Fiscalía ha abierto diligencias informativas para determinar si de la documentación incautada en las «herrikos» por el Supremo se desprenden nuevos hechos delictivos.

Pasados tres meses de su decisión, la «Sala del 61» no ha resuelto aún si la liquidación de los bienes de Batasuna debe extenderse o no a las «herriko tabernas». El pasado 5 de diciembre acordó no dictar una resolución sin ahtes dar trámite a las solicitudes que el fiscal y el abogado del Estado habían hecho en noviembre.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado coincidieron en señalar que no existen pruebas claras de la relación de las «herrikos» con Batasuna y que, por lo tanto, la liquidación de los bienes de estos locales no debía ejecutarse sin antes escuchar las alegaciones de sus representantes legales.

En este momento, esas son las diligencias que se están cumplimentando y que centrarán la próxima reunión de la «Sala del 61», fijada para dentro de diez días (25 de enero).

Razones técnicas, no políticas

Fuentes del Tribunal Supremo aseguran que ninguno de los procedimientos que afectan al entorno político de ETA -Batasuna y «herrikos» y sentencia sobre las organizaciones juveniles de ETA Segi, Haika y Jarrai- se han paralizado. Lejos de eso, han seguido su tramitación con normalidad y con la única interrupción que para estos, como para todas las causas en curso, han supuesto las fiestas navideñas.

La «Sala del 61», aseguran, ha estado activa todos estos meses y el aplazamiento de su decisión sobre el fondo -liquidar o no el patrimonio de las «herrikos» junto con el de Batasuna- nada tiene que ver con el encuentro que mantuvieron Hernando y el ministro. Por el contrario, se hizo para practicar una serie de diligencias cuya finalidad es evitar errores que en un futuro pudieran provocar nulidades.

En cuanto a la resolución sobre Segi, Haika y Jarrai, si el 21 de noviembre la Sala Segunda prorrogó el plazo para dictar sentencia no fue por otra razón que la complejidad del asunto, tanto por su volumen (las defensas de los 24 procesados plantearon 71 motivos de recurso) como por razones técnicas. El Supremo tiene que resolver si, como las definió la Audiencia Nacional, estas organizaciones son simples «asociaciones ilícitas» o si, como propugnan la Fiscalía y la Asociación Víctimas del Terrorrismo, su carácter es terrorista.