Editorial: Un mes después del 30-d

Editorial
Un mes después del 30-d

A pesar de haber transcurrido un mes desde que ETA cometió el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, el 30 de diciembre de 2006, y asesinó a dos inmigrantes ecuatorianos, la información del Gobierno sobre este hecho criminal y, en general, sobre el desenlace de la tregua es claramente insuficiente. Pocos días antes del atentado, la posición oficial del Ejecutivo descartaba la existencia de «comandos» terroristas en suelo español, e incluso dudaba del rearme de la banda etarra. El propio presidente del Gobierno vaticinaba el 29 de diciembre que la situación iba a ser mejor y recordaba, como escenario felizmente superado, aquellas navidades con bombas. A pesar de las evidencias que se pusieron brutalmente de manifiesto en la T-4, el secretario de organización del PSOE, José Blanco, fue desautorizado por Rodríguez Zapatero cuando aquél asumió, con buen y tardío criterio, fallos en la «interlocución» y la «información» del Gobierno sobre las intenciones de la banda terrorista. En todo este tiempo, Rodríguez Zapatero no ha ido más allá de reconocer el error de ser optimista el día antes del atentado, pero la cuestión verdaderamente importante es saber qué falló para que el presidente fuera tan imprudentemente optimista. Por tanto, no es sólo el atentado lo que carece de una adecuada información a los ciudadanos -más allá de la identificación del explosivo-, sino el proceso previo de decisiones tomadas en el plano político que situaron al presidente del Gobierno en la más absoluta ignorancia de cuanto iba a pasar apenas veinticuatro horas después.

El Gobierno y, en particular, el Ministerio del Interior deben asumir que la opinión pública está sumando incertidumbres -a veces, certezas muy negativas- en relación con la lucha antiterrorista. Faltan datos sobre el atentado -identidad de los autores, modus operandi-, sigue sin esclarecerse la identidad del «soplón» que avisó a la red de extorsión de ETA y aún están huidos diecinueve etarras condenados en firme por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por pertenecer a los grupos terroristas Segi, Haika y Jarrai. La falta de información equivale, ante la opinión pública, a falta de respuesta, de forma que lo que el Gobierno transmite es pasividad en aquello que más valora una sociedad atacada por el terrorismo -es decir, persecución policial e iniciativas legales contra los terroristas- y ambigüedad en lo que más le preocupa, defensa de las instituciones y mensajes claros de firmeza.

Si el Gobierno quiere hacerse acreedor de confianza, debe primero recuperar un amplio terreno perdido ante la opinión pública, y esto no se logra solapando la ausencia de resultados en la lucha contra ETA en una sucesión de polémicas estériles con el Partido Popular. No se le exige al Ejecutivo que transmita en directo sus decisiones en la lucha antiterrorista, porque los antecedentes de esta forma de actuar ya han demostrado el daño que puede causar, sino que demuestre, al menos, que existe lucha antiterrorista tal y como la entiende una sociedad agredida por el terror. De la misma manera que la vigencia de la ley de Partidos Políticos se demuestra con su aplicación judicial y no con apologías retóricas sin contenido ni efectos, la unidad que reclama el Gobierno al PP y, en general, a la sociedad española en torno a lo que da en llamar política antiterrorista sólo vendrá dada por una estrategia visible y eficaz de persecución contra ETA. Mientras esta estrategia no se produzca y, además, el Gobierno no haga una autocrítica pública de su fallida gestión política de la tregua -previa a una rectificación cada días más necesaria, pero también más difícil- sólo logrará que se agrave la separación entre la sociedad y el Gobierno, rompiéndose una unidad que fue esencial para deslegitimar socialmente a ETA y a sus cómplices y respaldar la actuación determinante de jueces, fiscales y policías.

En este momento, falla todo lo esencial de una buena política antiterrorista: la identificación de la opinión pública con el Gobierno -lo que requiere información y lealtad hacia los ciudadanos-, el consenso entre los partidos nacionales, el respaldo inequívoco al Estado de Derecho, una sólida iniciativa internacional y una voluntad política clara de derrotar a los terroristas. Es todo lo que se tenía que haber recompuesto un mes después del atentado de Barajas.