Editorial: Mercado fragmentado.

Editorial
Mercado fragmentado

LA vuelta de tornillo que traen los nuevos Estatutos de Autonomía vacía de contenido las competencias del Estado más descentralizado de Europa, y amplia la capacidad regulatoria e intervencionista de ese neocaciquismo que acampa en muchos de los gobiernos autonómicos que aspiran a revestirse de las facultades de un Estado soberano. La superposición de competencias y normas europeas, estatales y autonómicas, especialmente estas últimas- que no quieren perder ni una sola oportunidad de pedir cuentas a los agentes económicos y sociales- va creando año tras año obstáculos sucesivos y exigencias innecesarias a cuantos ciudadanos quieren desplegar nuevas iniciativas. Construir mercados abiertos y libres no es sencillo, aunque está comprobado que es una de las condiciones necesarias para el progreso y la prosperidad. La idea central de una Europa unida discurre precisamente por el cauce del Acta Única, por la libertad de movimientos para mercancías, capitales, servicios y personas. Ésa fue también la apuesta de la nueva democracia española, simultánea a una amplia descentralización de la gestión pública y a un reconocimiento de las peculiaridades territoriales.

La construcción autonómica, la que ampara el título VIII de la Constitución no está reñida con mercados abiertos y amplios que propicien la competencia. Sin embargo, la codicia en el uso y abuso de competencias y la obsesión por lo peculiar y lo diferente, como señas de identidad, han ido fragmentando el mercado y creando para cada territorio un marco diferente de referencia. Espacios naturales, lógicos, incluso óptimos de mercado, quedan mediatizados y coartados por exigencias políticas y administrativas que priman lo local en perjuicio de la eficacia y del propio interés general. El comercio está regulado de forma diferente en cada territorio, las empresas de servicios tienen que reforzar su carácter local si quieren tener oportunidades en los concursos de adjudicación, las crecientes competencias fiscales autonómicas se usan al servicio de estrategias políticas de beneficios a unos u otros intereses con manifiesta competencia desleal (ayudas públicas apenas disimuladas) entre territorios.

Las empresas e iniciativas con vocación nacional y multinacional tropiezan con las peculiaridades y especificidades de cada legislación autonómica, que funciona como fielato que protege intereses locales. Lo que debía ser un mercado se convierte en 19 , más ineficientes y con menos capacidades que un mercado nacional y europeo liberalizado y abierto. La obsesión estéril de las balanzas fiscales que no tienen en cuenta que para el propio desarrollo se precisan condiciones equivalentes y alto potencial en las zonas vecinas, es un buen ejemplo de una visión parcial y pacata de los problemas, típica en personas que cuando señalan el futuro solo ven el dedo que apunta. La ampliación de las competencias autonómicas, especialmente en materia normativa y regulatoria, siembra el mejor caldo de cultivo de un neocaciquismo político que propicia el clientelismo. Es urgente replantear el perímetro de las competencias territoriales y no confundir descentralización con fragmentación.