Editorial: Endeble Estatuto del funcionario

Editorial
Endeble Estatuto del funcionario

GASTAR bromas más o menos ingeniosas no figura entre las competencias de los ministros. No ha estado afortunado Jordi Sevilla al pedir ayuda a las empresas para evaluar a los funcionarios públicos, solicitando ante un selecto foro empresarial que quien tenga alguna idea se la haga llegar al Ministerio. El Estatuto Básico del empleado público, actualmente en plena tramitación parlamentaria, introduce como novedad la evaluación de los funcionarios como fórmula para determinar la promoción económica y profesional y el acceso a determinados puestos de trabajo. Es significativo que sea un Gobierno socialista el que se plantee introducir en la Administración mecanismos de eficiencia y control propios del sector privado, y más si se tiene en cuenta la paradoja que supone prever en un proyecto legislativo una acción -la evaluación del funcionario- sin tener claros los criterios para realizarla.

El problema reside en que los poderes públicos están rigurosamente vinculados por el principio de legalidad y que la Constitución proclama sin excepciones la prohibición de la arbitrariedad. Por tanto, es obligado fijar criterios precisos y objetivos, susceptibles de pleno control administrativo y jurisdiccional, para impedir que bajo el disfraz de la eficacia se oculte el deseo de favorecer a los funcionarios afines o a los amigos del jefe. No es fácil establecer dichos criterios, de modo que el legislador tendrá que afinar al máximo en un terreno tan delicado. De ahí que sea tan inoportuno el gesto del titular de Administraciones Públicas, ya que, sin poner en duda el tono informal de sus palabras, se trata de un problema que afecta a muchos miles de profesionales a los que su ocurrencia no ha debido hacer ninguna gracia. Por lo demás, los parámetros que sirven para la empresa privada tal vez no sean los más adecuados para su aplicación en el sector público.

Jordi Sevilla, también en tono irónico, aseguró en el mismo foro que, a la vista de las críticas sobre un Gobierno «desaparecido», había llegado a dudar de su propia existencia. Pero en realidad el ministro en cuestión es víctima, lo mismo que algunos otros, de esa absurda doctrina del Estado «residual» a la que conduce la política de Rodríguez Zapatero. No es fácil elaborar un Estatuto que contenga las bases de la Función Pública -competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.18 de la Constitución-, cuando el Gobierno ha promovido Estatutos de autonomía que vacían las competencias de la administración central. En realidad, el texto que ahora discuten las Cortes ofrece la impresión de ser una norma sin contenido propio, lo mismo que otras leyes recientes que, a base de continuas salvedades y remisiones, se limitan a fijar algunos principios elementales.