Editorial: El Supremo y los satélites etarras

Editorial
El Supremo y los satélites etarras

LA Sala Segunda del Tribunal Supremo ha despejado en buena medida toda la confusión acumulada en los últimos meses sobre ETA y sus entramados y ha sentado un contrapunto a las reiteradas peticiones de que los jueces apliquen las leyes de conformidad con la «realidad social». Para los magistrados del TS, que han revocado la discutible sentencia dictada en su día por la Audiencia Nacional sobre Jarrai, Haika y Segi -el frente juvenil de ETA-, la «realidad social» de estas organizaciones es que son parte de una banda terrorista y sus dirigentes deben ser castigados como terroristas. Nada más. La sentencia será también para muchos defensores del «proceso» una decepción que frustre sus intentos de implicar a los jueces en un proyecto político y partidista de negociación con los etarras. ETA es terrorista y todo lo que la integra es también terrorista. Quien hubiera querido otra cosa, más benevolencia o, sencillamente, la impunidad de los proetarras tendría que haber asumido su responsabilidad públicamente, haber acudido al Parlamento y haber propuesto las reformas legales pertinentes. Los jueces no están para hacer el trabajo que corresponde en exclusiva a los legisladores.

La decisión del Supremo es el primer pronunciamiento firme -sin perjuicio de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional en el caso de que puedan recurrir los condenados- que acepta la extensión del concepto jurídico penal de terrorismo a la actividad de los grupos proetarras. En este caso, la Sala Segunda corrige la decisión previa de la Audiencia Nacional, que rechazó la calificación de terrorista para Segi/Jarrai/Haika, con el argumento de que sus miembros no utilizaban armas, obviando dos aspectos fundamentales de estas organizaciones: que están incrustadas en la estructura jerárquica de ETA y que practican la violencia callejera con materiales explosivos e incendiarios. El Supremo ha puesto las cosas en su sitio: a estos grupos en ETA y a sus dirigentes, en la cárcel. Esta doctrina judicial es, por tanto, un precedente fundamental para la resolución de las causas pendientes contra los demás frentes de ETA, como el que se juzga en el sumario 18/98 o el de «Egunkaria», en la que la Fiscalía solicitó un sobreseimiento que quizá ahora deba rectificar.

La trascendencia política de este fallo es también evidente. Supone la convalidación de la anterior estrategia judicial antiterrorista, gracias a la cual se rompió definitivamente esa especie de empate permanente entre ETA y el Estado, y permitió desbaratar el mito de la imbatibilidad de los etarras. El mismo mito que ahora algunos quieren resucitar para justificar el diálogo con los terroristas. Lo cierto es que esta sentencia nos acerca más al fin de ETA que todas las reuniones clandestinas del PSE con Batasuna. Ahora se ve bien que la presión legal, sólo del Estado de Derecho, contra ETA no fue la obsesión del anterior presidente de Gobierno, ni el resultado de una acomodación política de los Tribunales. Queda claro que todos hicieron lo que debían hacer: el Gobierno de Aznar, apoyando la acción de la Justicia; la Fiscalía -merecido reconocimiento a los denostados Jesús Cardenal y Eduardo Fungairiño-, acusando a quien tenía que acusar; y el instructor, levantando el velo que cubría a los «satélites» y títeres de ETA.

Es preocupante la posibilidad de que nunca se habría alcanzado esta sentencia si los criterios del actual Gobierno hubieran estado vigentes cuando empezó la investigación judicial. El mismo partido que ha rehabilitado políticamente a ETA y el mismo Ejecutivo cuyo presidente hace guiños a Arnaldo Otegi difícilmente habrían instado las reformas legales y apoyado las acciones judiciales gracias a las cuales hoy ETA está más dañada que ayer. Por su parte, el fiscal general del Estado, quien heredó la posición de la Fiscalía en este sumario, cuenta ya con una resolución del más alto Tribunal con suficiente solidez para modificar las equívocas posiciones del Ministerio Público en otros sumarios contra la izquierda proetarra. Es probable que los terroristas se tomen esta sentencia como un nuevo incumplimiento del supuesto compromiso de impunidad que, según las filtraciones interesadas de ETA, habría adquirido el Gobierno en las reuniones previas al alto el fuego. No faltarán además quienes deslicen culpas contra los jueces por lo que pueda pasar. Unos y otros demuestran así que el Estado de Derecho es el único camino infalible para derrotar a ETA.