Editorial: Castigo ciudadano a Zapatero

Editorial
Castigo ciudadano a Zapatero

LA opinión inmediata de los ciudadanos tras el atentado etarra cometido en Barajas es contundente: siete de cada diez españoles juzgan que José Luis Rodríguez Zapatero no ha reaccionado con acierto a la acción terrorista que ha puesto fin a más de tres años sin víctimas mortales y, por tanto, creen que ha gestionado la respuesta del Gobierno sin la contundencia esperada. Es más, nueve de cada diez españoles rechazan el diálogo con los terroristas aunque dejen de matar temporalmente. Estos son dos de los datos más significativos que arroja el «sondeo-flash» que hoy publica ABC, realizado por Metroscopia, en el que también se pone de manifiesto el desacuerdo de la mayoría de los encuestados con la forma elegida por el Ejecutivo para desarrollar el frustrado «proceso de paz», que, por cierto, no recibió hasta ayer el definitivo y diáfano «punto y final» por boca de Zapatero, aunque lamentablemente sin cámaras ni micrófonos de por medio. El sondeo también revela que una mayoría -el 58 por ciento- considera que la tregua sólo ha servido para que ETA se rearme, como sucedió entre 1998 y 1999, y también -el 49 por ciento- que el robo de armas, la extorsión y la violencia callejera eran avisos de que se iba a producir la ruptura del alto el fuego. La opinión se muestra más dividida acerca de cuál tenía que haber sido la respuesta del Gobierno a esos actos de violencia, aunque el 50 por ciento cree que debió haber tomado la iniciativa de dar por roto el proceso de negociación con ETA ya desde tiempo atrás.

Las próximas semanas serán decisivas para que se perfile de forma más precisa la opinión pública acerca de las consecuencias políticas del atentado del 30-D, pues el Gobierno habrá de comparecer ante el Congreso de los Diputados para exponer su criterio sobre la situación y para explicar si va a haber un cambio sustancial en la política sobre ETA para que empiece a ser una auténtica política contra los terroristas. En todo caso, el Gobierno ya debería saber que no tiene margen social -el sondeo para ABC es una primera muestra de ello- para más experimentos dialogantes con ETA, salvo que, en el mejor de los supuestos, anunciara el cese definitivo del terrorismo, algo que Zapatero ya parece descartar definitivamente si nos atenemos a esas palabras -«punto y final»- que dirigió ayer a los periodistas en un corrillo informal aprovechando la celebración de la Pascua Militar. Sin duda, en las actuales circunstancias esa posibilidad reside en el campo de las ilusiones porque el atentado de Barajas se ha producido en lo que los defensores del «proceso de paz» calificaban como condiciones que hacían imposible la vuelta de ETA al terror: deslegitimación internacional tras el 11-S, presión social insuperable desde el 11-M, ansias infinitas de paz de la sociedad y del Gobierno y, sin decirlo, reconocimiento político del «conflicto vasco».

ETA ha roto este espejismo y los ciudadanos toman nota para que el Gobierno, el que sea, no vuelva a caer en el error de aceptar más treguas como motivo para emprender contactos o conversaciones con los terroristas. Es un dato importante para un Gobierno que siempre ha presumido de estar atento a la opinión de la sociedad y que ahora parece sencillamente noqueado, superado por la cruda realidad del coche-bomba y los «zulos» y con una mínima capacidad de reacción. Zapatero está obligado a replantearse por completo la estrategia del Estado de Derecho ante ETA y no cabe otra línea de actuación que la descrita ayer con todo acierto por Su Majestad el Rey ante la cúpula militar: la primacía de la ley, el apoyo sin fisuras a las víctimas, unidad, una sólida acción de la Justicia, la eficacia de los Cuerpos de Seguridad, la fortaleza de las instituciones y el reforzamiento de la cooperación internacional. Pero en ese replanteamiento de su estrategia, Zapatero contará ahora con dos inconvenientes añadidos a su diletante trayectoria política, cuyo alcance sólo el tiempo determinará: la transmisión a la sociedad de una creciente y alarmante falta de credibilidad y la erosión que pueda sufrir su liderazgo interno en el PSOE a la vista de los errores cometidos. Son otras consecuencias de anunciar la apertura de un opaco «proceso de paz» en los pasillos del Congreso y de ratificar su «punto y final» en un corrillo informal el mismo día en que Don Juan Carlos acaparaba, con el discurso idóneo, medido y acorde a la gravedad de la situación, la atención del acto castrense por excelencia.