Editorial: Alentar a los «okupas»

Editorial
Alentar a los «okupas»

LA tercera teniente de alcalde de Barcelona, Imma Mayol, tiene una opinión muy particular sobre el derecho de propiedad y el movimiento okupa. A su juicio, hay que distinguir entre squatters buenos y malos, y se debería despenalizar la usurpación de la propiedad ajena. Tan peregrino criterio dista mucho de ser una anécdota, puesto que los partidos de la izquierda radical integrados en el tripartito se han pronunciado reiteradamente contra la persecución de los okupas y el asunto ha creado serios problemas al consejero de Interior, Joan Saura, que es, por cierto, pareja de la concejal Mayol. Es inaceptable en una sociedad democrática que personas que ocupan cargos de responsabilidad se permitan confundir a puros y simples delincuentes con miembros de un movimiento social alternativo que reclama el derecho a la vivienda.

Invadir la propiedad de otro, mantenerse en ella ilícitamente, causar destrozos que nadie va a pagar e impedir el uso legítimo por parte de su titular son conductas inadmisibles en una sociedad civilizada. Entre otras cosas, crean un clima de inseguridad que -a medio plazo- termina por influir en el mercado inmobiliario y afecta a la imagen de la ciudad. Es algo más que una anécdota el consejo de alguna asociación de afectados, que apuestan por aprovechar el descuido de los ocupantes para cambiar la cerradura antes que acudir a la Policía.

Declaraciones como las que prodigan los responsables de ICV/IU suponen una grave falta de responsabilidad porque dan alas a conductas violentas. Es de suponer que la concejal barcelonesa no pretende que esta violencia tenga sólo un tratamiento «civil», ajeno al Código Penal. Se empieza a generalizar en algunas ciudades españolas un tipo hasta ahora inédito de violencia, dirigido contra las Fuerzas de Seguridad, el mobiliario urbano o los automóviles estacionados en la calle que no se puede banalizar con calificativos absurdos como formas de vida «alternativas» o «altermundialistas». El derecho de propiedad no sólo está reconocido por el artículo 33 de la Constitución y ampliamente desarrollado en el ordenamiento jurídico, sino que es, desde hace siglos, la base de la convivencia social. Los titulares de cargos públicos tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las normas, y no de incitar a su transgresión, aunque pretendan ampararse en ideologías extremistas. El presidente de la Generalitat, José Montilla, tiene un problema, sin duda, en la Consejería de Interior y en los ámbitos gestionados por sus socios radicales. Sin embargo, nadie puede llamarse a engaño porque esta situación era más que previsible cuando los socialistas catalanes decidieron, a toda costa, reeditar el tripartito para salvar el poder.