Editorial: Agresión nacionalista a la Justicia

Editorial
Agresión nacionalista a la Justicia

LA actitud hostil del nacionalismo vasco hacia la Justicia es un obstáculo insalvable para aceptar la posibilidad de que el PNV esté realmente dispuesto a participar en un sincero consenso antiterrorista. La derrota de ETA -pues sólo este objetivo permitiría calificar un acuerdo como antiterrorista- implica la defensa activa del orden constitucional y del sistema legal que los terroristas quieren destruir. Mientras el PNV organice campañas de protesta callejera contra las leyes y los jueces, al mismo tiempo que ETA exige impunidad y sus aprendices de terroristas atacan las sedes judiciales, el nacionalismo gobernante debe asumir la responsabilidad de estar actuando como un amplificador de la coacción etarra contra la Justicia y de obstaculizar la derrota incondicional de esta banda.

En este sentido, la «declaración institucional» que ayer hizo pública el Gobierno vasco constituye la más grave agresión contra la Justicia cometida desde una instancia del Estado. El grosor de las acusaciones y la intensidad del ataque no pueden ser pasados por alto por el Gobierno de la nación, salvo que esté de acuerdo o lo considere un factor nutriente de otras estrategias en las que el PNV le resulta necesario. En dicha declaración, los nacionalistas «moderados», a los que se quiere asociar Rodríguez Zapatero, denuncian sentencias «susceptibles de vaciar y socavar el ejercicio de derechos fundamentales»; atribuyen a la Ley de Partidos el carácter de «legislación de excepción que condenaba a una parte muy significativa de la ciudadanía vasca a la invisibilidad política»; deslegitiman el juicio que celebra la Audiencia Nacional contra el entramado batasuno; recuerdan el cierre de medios de comunicación, y, en el más cruel de los sarcasmos, se atreven a sentenciar que «el respeto a la ley no es la paz del miedo», y lo dicen quienes, sin escrúpulo moral alguno, se han opuesto sistemáticamente a toda reforma legal que pretendiera acelerar la derrota de ETA. Miedo sin paz es, precisamente, lo que ha impuesto en el País Vasco el incumplimiento de la ley y de la Constitución.

Este ataque frontal a la Justicia, especialmente intolerable porque proviene de una parte del Estado mismo, es el umbral de una manifestación convocada por los nacionalistas que culminará la campaña de intimidación a los jueces que tomarán declaración al lendakari Ibarretxe la próxima semana. Nada es casual. El nacionalismo siempre ha deslegitimado la Justicia en el País Vasco como una sucursal del poder central. En esto también coincide con el diagnóstico de ETA y por eso, cuando el nacionalismo juzga y condena a los desafectos al régimen nacionalista, lo hace a sabiendas de que está prefabricando la culpa que privará de inocencia a futuras posibles víctimas de los terroristas. Por eso el PNV nunca se comprometerá en un pacto por la derrota de ETA. La declaración institucional de Lakua podía estar firmada por Batasuna.

El silencio del Gobierno de Rodríguez Zapatero cualifica la estrategia nacionalista contra los jueces. No basta con decir que respeta las decisiones judiciales. También hay que defender el sistema institucional en el que se dictan y el orden legal que aplican. Y el Gobierno socialista -con un ministro de Justicia fuera de lugar- parece satisfecho con dejar a los jueces abandonados a su suerte y a la escasa capacidad del Consejo General del Poder Judicial para enmendar la situación. Sólo en este escenario de soledad se explica que cuatro magistrados, los presidentes de las tres audiencias vascas y un presidente de Sala del TSJ hayan ejercido su -épica- autodefensa con un comunicado que denuncia explícitamente la gravedad del ataque nacionalista, e implícitamente la soledad en la que se hallan frente a la coacción. Todas las resoluciones judiciales deben ser acatadas. No queda otro remedio si se quiere mantener la convivencia sobre bases sólidas y sería bueno poner fin, por parte de todos los grupos políticos, al aplauso o rechazo de graderío con el que se reciben los autos y sentencias de los jueces, lo que no quiere decir que estas decisiones no puedan ser criticadas. Pueden y deben serlo. Pero la Justicia no está viviendo un momento de polémica racional y democrática. La situación es mucho más grave porque el nacionalismo está socavando las bases del Estado de Derecho. Se trata de un crisis cuya causa inmediata -pero no única- está en un cálculo equivocado: el que hizo quien creyó que los jueces, es decir, el Estado de Derecho, se harían invisibles -o mudos, en todo caso- durante un proceso de negociación con ETA y se apartarían ante el avance imparable de una segunda transición a la que le sobra la independencia judicial.